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Tras la polémica suscitada por el desastre de las ayudas al IRPF que pone en peligro la continuidad de varias organizaciones sociales y sus programas contra el VIH, Cristina Cifuentes anuncia medidas que no solucionan nada.
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Además de la denegación de esas ayudas algunas organizaciones denuncian que la Comunidad de Madrid les debe grandes sumas de dinero de ayudas concedidas y justificadas pero no abonadas.
Por Juanra Fernández y Jordi García
Hace unos días la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA) denunciaba el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid del acuerdo alcanzado por Estado, Comunidades Autónomas y Organizaciones Sociales respecto a las ayudas al IRPF que garantizaban proyectos de continuidad. Proyectos anteriormente financiados durante años por el Estado que ahora, gracias al desaguisado de Cifuentes, corren riesgo de ser cancelados.
Y no solo los proyectos. Organizaciones como Apoyo Positivo ya han comunicado que si la Comunidad no soluciona el problema su propia existencia corre peligro.
Aunque los medios generalistas están pasando muy por encima del tema el revuelo creado por la situación ha sido suficiente para que la propia musa gay del Partido Popular salga al paso afirmando que ellos todo lo hacen bien, que es todo mentira y que van a destinar un presupuesto extraordinario para que «las entidades que cumplan los requisitos puedan continuar con sus proyectos.»
¿Y entonces de qué se quejan las organizaciones y por qué ven en peligro su continuidad? Pues como cuando algo no nos cuadra nosotros sacamos la Gloria Serra que llevamos dentro, nos hemos puesto la peluca y nos ha dado por investigar.
Para contextualizar un poco lo que está pasando, las ayudas al IRPF hasta el año pasado eran responsabilidad del Estado. Ésta ha sido la primera vez que el gobierno de la Comunidad se encarga de repartir la mitad de esas ayudas. Misteriosamente la Comunidad ha dejado fuera de la convocatoria varios proyectos que ya se financiaban a través de esa misma ayuda cuando la repartía el Estado en su totalidad.
Tras la denuncia del desastre en la concesión de esas ayudas por parte de la Comunidad de Madrid Cristina Percances Cifuentes ha salido corriendo a decir que ella es la Mayra Gómez Kemp del VIH y va a ir por ahí regalando dinero a cascoporro para todos esos programas para personas con VIH a los que les ha quitado el dinero antes. ¡Que no son unos miserables!
¿Tiene sentido? Ninguno. Pero es Cristina Cifuentes: un día recibe un premio de una asociación, otro día se presenta en la gala SIDA… y al siguiente deja sin un duro a la asociación y a los que luchan contra el SIDA. Seguro que pronto Cristina sale a decir que ella no tiene nada en contra de las personas VIH+ porque ella tiene muchos amigos con VIH y son bellísimas personas.
Tal y como nos explica Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo (organización que lucha contra el VIH desde hace 25 años y ve peligrar su existencia gracias a Cristina), la solución propuesta por el Gobierno Regional no sirve para nada puesto que lo que pretende la Comunidad es crear un nuevo concurso… y esperar a su resolución. En la práctica es algo insostenible para muchas entidades que deben hacer frente a gastos que han ido adelantando y que, en el caso de Apoyo Positivo, asciende a unos 130.000 euros anuales.
Se da la circunstancia de que, además, la Comunidad no solo ha retirado esas ayudas al IRPF y se ha inventado un nuevo concurso que dificulta el acceso al dinero que las organizaciones ya tenían asegurado… es que además la Comunidad debe actualmente ingentes cantidades de dinero a esas organizaciones. En el caso de Apoyo Positivo el gobierno de Cifuentes les debe 58.000 euros en concepto de ayudas asistenciales, que han sido aprobadas, justificadas… pero no pagadas.
Además desde Apoyo Positivo denuncian la total inacción del gobierno regional en políticas de prevención del VIH como demuestra, por ejemplo, que todavía no se ha publicado la convocatoria de la ayuda de 500.000 euros anunciada por la Consejería de Sanidad para programas de prevención. Anuncio que le sirvió a Cifuentes para, en el día mundial contra el VIH/SIDA de 2017, hacer algo que le encanta: colgarse una medalla anunciando que se había notado un ligero descenso en los nuevos diagnósticos de VIH en la Comunidad.
Por si la dejadez respecto a las campañas de prevención y el ahogamiento a las organizaciones que luchan contra el VIH fuera poco, la propia resolución de las ayudas al IRPF ha levantado muchas suspicacias. Por un lado porque hay entidades que han cobrado esa ayuda sin que se hubiera publicado la resolución; y por otro lado porque la valoración para decidir qué ayudas se conceden se externalizó y no la realizó un grupo de funcionarios sino el Grupo Tragsatec. Según su web Tragsatec forma parte de un grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya empresa matriz es la Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., que se dedica a… la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural.
¿Tiene sentido? No. Pero es Cristina Cifuentes.
Como dato curioso, Tragsa es la misma empresa que sumió en el caos al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) y es la responsable de que, tal y como señaló el Tribunal de Cuentas, el FOGASA abonara prestaciones fraudulentas debido a su mala gestión.
A la espera de que se alcance una solución que ponga fin a la delicada situación de las organizaciones sociales muchas de ellas ya han anunciado la cancelación o suspensión de muchos de sus programas. En el caso de Apoyo Positivo, por ejemplo, se han visto obligados a paralizar un programa de ayuda psicosocial a personas afectadas por el VIH o la Hepatitis C y el programa de pisos tutelados y autogestionados por personas que viven con el VIH.
Otros están anunciando paralizaciones similares y se espera que la cosa vaya a peor, con algunas organizaciones directamente obligadas a desaparecer.
Qué divertido será cuando en junio Cristina se queje a los medios de que no la invitan al Orgullo LGTB y podamos recordarle todo esto.
