No deja de ser curioso que haya tanto heterosexual pidiendo la retirada de una ley tan necesaria como la propuesta por FELGTB y registrada por Podemos por un punto bastante conflictivo, que es el único que les afectaría realmente.
Hace unos días la FELGTB presentó en el Congreso de los Diputados un texto en el que basar una futura ley contra la discriminación hacia el colectivo LGTB. La propuesta fue registrada formalmente por el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.
El contenido de la ley es, básicamente, muy parecido a lo que ya se ha aprobado en varias comunidades autónomas. Desde medidas de prevención de la discriminación en ámbitos sanitarios, educativos y laborales hasta protección de la infancia y los adolescentes; pasando por garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres, la garantía de atención sanitaria a las personas trans (basándose en el derecho a la autodeterminación del género) y la creación de una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género que sea independiente del gobierno y vele por el cumplimiento de lo que dice la ley.
Y por si todo eso fuera poco (en la ley hay 19 capítulos) se quiere crear un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.
Pero hay una parte de la ley que ha hecho que más de uno se lleve las manos a la cabeza. Y cuando digo «más de uno» me refiero a David Bravo, que en lo que respecta a formar parte del propio partido de Podemos es un poco como la María de Ricky Martin: ahora da un pasito p’alante y ahora da un pasito p’atrás.
Dentro de la ley redactada por FELGTB y presentada por Podemos hay un apartado que contempla diferentes sanciones administrativas ante casos de LGTBfobia y discursos de odio, «siempre y cuando no constituyan ilícito penal«. Básicamente, la administración se reserva el derecho de poder poner una multa aunque un juez diga que no hay un delito pero sí hay un hecho probado. «De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.» Es decir: un juez puede decir que un autobús de HazteOir fomenta la transfobia pero eso no es un delito contemplado en el Código Penal, así que aunque no hay delito -porque no lo hay hasta que se modifique el Código Penal- sí hay transfobia, por lo que la administración tiene derecho a amonestar a HazteOir.
No sólo tiene derecho a hacerlo: es que ya lo ha hecho.
Otro apartado que ha hecho que David Bravo (y un montón de gente tras él, tanto de la izquierda como de la derecha) se cabreen mucho es que la proposición de ley (recordemos, redactada por FELGTB y registrada por Podemos, con el apoyo de gran parte de los grupos parlamentarios) incluye «el decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte» en los que se haya cometido la infracción.
Evidentemente se trata de un tema extremadamente complicado y aunque ya hay leyes LGTB en varias comunidades en las que se han aprobado cosas parecidas (según la 11/2014 de Cataluña, por ejemplo, en algunos casos de denuncia de acoso LGTBfóbico incluso se invierte la carga de prueba) creo que no me aventuro demasiado si os digo que cuando se redactaron esos dos apartados nadie tenía en mente aplicar una censura preventiva ni una Ley Mordaza que proteja al colectivo ante cualquier «opinión» contraria. De hecho tanto desde FELGTB, como desde Podemos, como desde todas las partes implicadas han aclarado que la ley es una propuesta que se presenta con la intención de que sea debatida en el Congreso y se presenten las enmiendas que se consideren necesarias.
Para que te hagas una idea: no es una Ley Mordaza presentada y aprobada por el PP con una mayoría absoluta sino que es una propuesta de Ley registrada en el Congreso como primer paso para debatir y acordar una ley.
Antes de continuar a lo mejor hay que recordarle a todos los que están montando el circo una cosa que parece que no acaban de entender: la LGTBfobia no es una opinión. Del mismo modo que la Liga de Fútbol Profesional tiene la potestad de sancionar a un equipo por cánticos racistas en su estadio vía la Comisión Antiviolencia (y no sólo tienen esa potestad, es que lo hacen), la Agencia Estatal contra la Discriminación (que, recordemos, sería un órgano independiente al gobierno) podría hacer lo mismo.
Pero ya sabes que aún hay mucho heterosexual al que parece que le cuesta entender que la homofobia está al mismo nivel que el racismo y aunque ven con buenos ojos que las Administraciones actúen contra lo segundo no tienen tan claro lo de actuar contra lo primero porque les parece censura preventiva.
Para que te hagas una idea de en qué casos se contemplan esas sanciones administrativas que tienen a los heteros como locos porque Podemos quiere quitar a los jueces e impartir justicia y Venezuela, Maduro, Irán, bla, bla, bla… Esto es lo que dice literalmente la propuesta de ley:
- Reincidir en el proferimiento de expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
- Reincidir en la publicación en Internet o en las redes sociales de expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorios por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
- No retirar inmediatamente por parte del titular y del prestador de un servicio de la sociedad de la información expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género o características sexuales contenidos en sitios web o redes sociales, una vez tenga conocimiento efectivo de la existencia de las mismas.
- Proferir expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas.
- Difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
Que no es muy diferente a los motivos que, como recuerdan desde DosManzanas, llevaron a la Comunidad de Madrid a sancionar a HazteOir por el autobús tránsfobo o al director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón por su carta homófoba. Por algún motivo que no se me escapa, de eso no se quejó nadie. De hecho, según estos adalides de la libertad de expresión, esto para ellos no supone ningún problema salvo que un juez diga que es un delito:
SPOILER: El juez no vio delito.
¿Y por qué te hablaba antes de David Bravo? Pues porque aunque la ley se ha presentado, se ha registrado, tiene amplio apoyo de varios partidos políticos, ahora ha de ser debatida, ha de recibir enmiendas, se modificará, se volverá a redactar y dará más vueltas que la Tierra alrededor del sol… David Bravo ha empezado toda una campaña para pedir que se retire una ley de 19 puntos porque hay UNO con el que no está de acuerdo, el de las sanciones administrativas. Hasta el punto de que para él es más fácil anunciar (por enésima vez) que «se acabó Podemos» para él (por, recordemos, un capítulo incluido en una ley necesaria para el colectivo LGTBI) que esperar a que esa ley se apruebe o no, se modifique o no:
Voy a leérmelo bien, pero como esto sea así y sea propuesta de PODEMOS, los incluyo en mi fuero interno en partidos dignos del No Les Votes. https://t.co/5WhYafa29i
— David Bravo (@dbravo) May 12, 2017
Bravo enlazaba a este tweet del Bufete Almeida, cuenta jurídica que se dedicó a denunciar activamente el apartado de las sanciones administrativas (y a exigir que se retire el texto) obviando tanto los otros puntos de la ley como el hecho de que es una propuesta abierta al debate y a las enmiendas:
Multas administrativas por opinar en redes sociales. Propuesta de ley de Podemos. https://t.co/Up1DaaJzvA pic.twitter.com/PtvSRbonDs
— Almeida (@bufetalmeida) May 12, 2017
Que me gustaría ver a mí a David Bravo, o a Rubén Sánchez, tan preocupados por la «libertad de expresión» si en lugar de una ley contra la LGTBfobia habláramos de una ley contra el racismo o contra el machismo. O a ver qué diría Barbijaputa sobre un libro titulado «Cómo pegarle a tu mujer sin dejarle moratones«.
Pilar Lima, senadora de Podemos, le ha explicado a Bravo por qué la ley contempla esas sanciones como las contemplan otras leyes aprobadas en diferentes Comunidades Autónomas, pero Bravo está ahora mismo muy ocupado dejando claro en Twitter que está enfadadísimo.
👇🏾2/2 pic.twitter.com/R2Hp9Szz9U
— Pilar Lima 🌈 (@pilar_lima) May 12, 2017
Otro que se ha sumado al carro es Rubén Sánchez, que se vanagloria de que haya una inmensa mayoría de twitteros que están de acuerdo en que Podemos debería retirar toda la propuesta de ley:
Reconforta ver que mi opinión es la misma que la de la inmensa mayoría que ha participado. https://t.co/nlbYTEeXxX
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) May 13, 2017
Porque todo sabemos, la historia nos lo ha demostrado, que la mayoría siempre ha decidir sobre los derechos y las protecciones a la minoría. Es muy reconfortante… cuando estás en la mayoría.
A pesar de todo este follón que se ha armado (al que por supuesto no han faltado medios como La Gaceta -que denuncia que con esa Ley su periódico acabaría desapareciendo- u OKDiario -medio conocido por todos por su tremendo rigor informativo-, y unos cuantos medios «progresistas» que también se han quedado sólo con la parte de las sanciones administrativas) desde PODEMOS no han tardado en explicar que esto es una proposición de Ley, redactada por la FELGTB (que ha aglutinado a casi un centenar de organizaciones LGTBI), que no se ha aprobado directamente, que se presentarán enmiendas, se harán cambios…
Pero ¿qué más da? Aquí lo importante es tumbar toda una ley tan necesaria por un punto en el que (y ahora viene lo gordo) todos estamos de acuerdo que es conflictivo y hay que pulir.
Aclaración sobre la propuesta de Ley contra cualquier discriminación LGTBIQ, que nunca recortará el derecho a la libertad de expresión. pic.twitter.com/rPeWq5QltU
— Podemos Congreso (@PodemosCongreso) May 12, 2017
«La homofobia no se derrota censurando«, ha dicho uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que es otro al que evidentemente le da completamente igual el resto de la ley porque aquí lo importante no es proteger a las personas trans a la hora de acudir a un hospital, no es luchar contra el bullying homófobo en las escuelas, no es garantizar los derechos de los mayores LGTB…
Lo importante es que los heteros puedan seguir siendo un poquito LGTBfóbicos (no mucho, ya sabes que todos tienen muchos amigos gais) sin que les pongan una multa que quebrantaría su libertad de expresión. Porque fíjate qué curioso y qué frágil debe ser algún que otro privilegio, que en lugar de criticar un apartado de la ley y fomentar el debate tanto unos como otros prefieren que se tire por tierra todo el proyecto por el único punto que podría afectarles. Es decir: una ley que protege al colectivo LGTB de la discriminación sólo podría afectar a David Bravo o a Rubén Fernández si se aprobara tal cual se ha presentado y ellos cometieran una de las infracciones. QUÉ CURIOSO.
Fíjate que ni siquiera yo, que puede parecerte que estoy defendiendo la ley a capa y espada, estoy del todo de acuerdo con el punto que más se está criticando. No creo que la solución sea una sanción administrativa sino que hay que apuntar más alto y buscar una modificación del Código Penal para que sea un juez el que tenga las herramientas necesarias en caso de enfrentarse a un discurso de odio. Pero será que soy consciente de lo necesario que es que se apruebe una ley como ésta a nivel estatal que ni por muy en contra que esté de ese punto (que sé que se va a debatir y se va a pulir entre todos) me atrevería a pedir que se retirara toda la ley.
Supongo que el problema de fondo es ése. Como he visto que decía alguien de forma sarcástica en Twitter: «Ahora repitamos todos juntos el mantra de que la izquierda no es homófoba.»
