• El juez federal de Illinois Jorge Alonso rechaza la demanda tránsfoba de un grupo de padres que querían evitar que una estudiante trans utilizara los vestuarios femeninos de un instituto.
  • El abogado de la asociación ha declarado que pretenden llevar el caso al Tribunal Supremo.

Hace unos meses la junta del distrito escolar 211 (que reúne a cinco institutos de educación secundaria en el condado de Cook, Illinois) votó a favor de permitir que una estudiante trans utilizara el vestuario de su género percibido. Cuando la estudiante hizo la solicitud desde el centro propusieron que se cambiara y se duchara en una zona separada mientras se le permitiera hacer uso limitado del resto del vestuario junto a sus otras compañeras. Vamos, que podía usar el vestuario de chicas siempre que las otras chicas no vieran sus genitales (y ella no viera los de las demás).

La idea del centro no gustó demasiado ni a la estudiante ni a la Unión Americana por los Derechos Civiles y eso llevó a una investigación de dos años por parte del Departamento de Educación que acabó presionando a la junta escolar para que aprobara una política anti-discriminatoria hacia los y las estudiantes trans. Esas presiones iban en línea con la política de la administración Obama que dio orden de reconocer la transfobia como una forma de discriminación sexual.

Ya sabes que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump al llegar a la Casa Blanca fue ordenar que se revertiera esa política, pero en este caso la transfobia de los republicanos no afectará a esa estudiante. Y eso es gracias, en parte, a la propia transfobia de los republicanos.

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La aplicación de esa política anti-discriminatoria llevó al lobby Parents for Privacy, un grupo ultra-conservador formado por más de 50 familias de estudiantes, a intentar seguir discriminándola (a ella y al resto de estudiantes trans) de dos formas: intentando conseguir puestos en la Junta para cambiar la política y a demandar a la propia Junta en un juzgado federal. Según argumentaban en la demanda permitir que una estudiante trans se cambiara y se duchara junto a las estudiantes cis violaba el derecho a la privacidad de las estudiantes cis.

Todo muy lógico.

Al final lo de conseguir sitios de poder en la junta no acabó de funcionarles y la demanda tampoco. Porque el juez federal Jorge Alonso rechazó la demanda y se negó a imponer medidas cautelares al instituto para suspender esa política hasta que haya una sentencia firme. Para Alonso la ley que prohíbe la discriminación sexual no se aplica únicamente a las categorías convencionales de hombre y mujer, sino que también son válidas para aquellas personas que se identifican con un género diferente al que se les asignó cuando nacieron. Alonso, además, recuerda que varios juzgados han “reconocido correctamente” que “las protecciones federales contra la discriminación sexual tienen una aplicación sustancialmente más amplia que la basada en los genitales o los cromosomas.

Aunque el documento de 15 páginas no implica que la asociación tránsfoba haya perdido la demanda sí deja claro que el juez no cree que el motivo de la demanda (según esos padres la política anti-discriminatoria infringe el derecho a la privacidad del resto de estudiantes) tenga peso y, por lo tanto, no va a ninguna parte.

Se espera que los de Parents for Privacy recurran la decisión del juez Alonso en el Tribunal de Apelaciones del 7º Circuito de Chicago; pero ese tribunal ya ha emitido varias sentencias favorables a los derechos trans. El abogado de la asociación, Gary McCaleb, es consciente de eso pero están dispuestos a seguir adelante para que el tema acabe siendo juzgado en el Tribunal Supremo: “No es una derrota hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia equivocada. Y no creo que lo hagan.

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Y es que aunque tanto la estudiante como la ACLU han celebrado la decisión del juez Alonso no olvidemos que Trump está moviendo todos los hilos posibles para asegurarse una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo y frenar así los derechos LGTB+ conseguidos en los últimos años.

Fuente | US News

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