Marcha del Orgullo LGTB en Manila, en 2015 (Foto: Bullit Marquez)
  • La Cámara de Representantes de Filipinas aprueba una ley contra la discriminación a personas LGTBI que llevaba 17 años siendo redactada.
  • Ahora falta por saber si el Senado aprobará el texto.

Sabéis que en el Congreso de los Diputados hace unos días admitió a trámite la Ley de Igualdad LGTBI redactada por FELGTB y presentada en el Parlamento por Unidos Podemos, con la abstención del PP. Y también sabéis que el presidente de Filipinas es un ser humano con bastante poca humanidad. Rodrigo Duterte, además de ser un político acusado por Amnistía Internacional de haber asesinado a más de 700 personas, es un señor que hace poco dijo que las personas que pasan por la cárcel no pueden ser reinsertadas porque una vez en prisión se vuelven homosexuales. Y ser homosexual para él es poco menos que ser una abominación.

Hace unos días, además, Duterte redujo el presupuesto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el país a un límite ridículo y le dijo al representante que no sabía por qué se quejaba tanto, que ni que fuera un gay o un pederasta.

Por eso sorprende (para bien) que la Casa de los Representantes de Filipinas acabe de aprobar una ley similar a la que el PP rechazó en España que busca perseguir la discriminación a las personas LGTBI. Claro que no ha sido un camino fácil, que esa ley lleva redactándose 17 años. Casi nada.

La Ley Número 4982 (o la Ley Contra la Discriminación en Base a la Orientación Sexual u Orientación de Género) ha sido redactada -en parte- por la diputada transgénero Geraldine Roman y es una ley pensada para penalizar actos discriminatorios. Como toda ley que busca prohibir la discriminación seguro que hay algún señor heterosexual que quiere venir a decirnos que prohibir esas cosas está mal, que tenemos que educar y que bla, bla, bla la libertad de expresión. Pero como ese señor no tiene ni idea de lo que es ser discriminado tampoco vamos a hacerle demasiado caso.

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Imagen de la celebración por la aprobación de la ley

Las discriminaciones tipificadas en esa ley y que podrán ser penalizadas con penas de cárcel de entre uno a seis años o multas que rondan los 2.000-10.000 euros incluyen, por ejemplo, la denegación de un servicio público, el rechazo o expulsión de un alumno en un centro escolar en base a su orientación sexual o su identidad de género, utilizar esos criterios a la hora de contratar o despedir a un empleado, la denegación de acceso a servicios sanitarios o la denegación de la solicitud de licencias profesionales o documentos similares.

La ley también penalizará a los centros que castiguen a un estudiante de forma desproporcionada por ser LGTBI, la negación de acceso a personas del colectivo a establecimientos, instalaciones o servicios abiertos al público general, el acoso a personas LGTBI por prejuicios LGTBfóbicos (incluyendo los medios de comunicación y las redes sociales) y por último, pero no por ello menos importante, obligar a alguien a someterse a un tratamiento médico o psicológico para modificar su orientación sexual o su identidad de género.

Aunque la ley se ha aprobado con facilidad en la Cámara, ahora el texto tiene que pasar por el Senado para el trámite final. Esperamos no llevarnos ninguna sorpresa desagradable, aunque con ese presidente… cualquier cosa es posible.

Fuente | Instinct Magazine

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