Pensar que la ideología derechona actual el gobierno que tenemos pueda hacer caso a las recomendaciones sobre VIH y SIDA de la Organización Internacional del Trabajo resulta de lo más ingenuo. Casi tanto como tener la esperanza de que el único activo de una fiesta te elija para empotrarte.
Eso de que el estado serológico, real o supuesto, respecto del VIH no debería ser un motivo de discriminación que impida la contratación, la permanencia en el empleo o el logro de la igualdad de oportunidades para conseguir un puesto de trabajo parece que se lo pasan por el arco del triunfo tanto el Ministerio de Sanidad, como la Directora General de Función Pública, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, a tenor de las políticas excluyentes que mantienen en varias normativas y algunos reglamentos de acceso al funcionariado público con relación a las personas portadoras del virus.
Que a día de hoy, con los avances existentes y la evidencia científica se impida por ejemplo entrar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a quienes son seropositivos, es injustificable.
Futuras trotonas en defensa de la patria
Con el ánimo de acabar con esa segregación profesional, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, las coordinadoras Trabajando en Positivo y Cesida (Coordinadora estatal de VIH y sida), y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, han solicitado por carta una reunión con la Directora General de la Función Pública para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones.
Nos rasgamos las vestiduras ante tanta exclusión
El inmovilismo que las instituciones públicas mantenienen en este tema supone una perpetuación de aquel estigma criminal que se generó en la década de los ochenta con respecto al VIH y el sida (La proliferación en esos años de hombreras y cardados constituye un crimen de otro estilo) .
Aunque demencial, tal ola de rechazo a casi todos los niveles podía escudarse en el desconocimiento con el que hubieron de afrontarse entonces el brote y la expansión del virus. En el presente sin embargo, aferrarse a criterios retródagos de marginación social y laboral para impedir que ciudadanos de pleno derecho como son los seropositivos puedan ocupar una plaza pública, es inadmisible.
De igual modo, guardar silencio ante las reclamaciones anti discriminación apuntadas constituye un acto tan abobinable como no modificar cuantas legislación y ordenación administrativa supongan trabas para el establecimiento de una igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional de una persona en razón de un infundado peligro de propagación del VIH.
¿Acaso hemos de esperar que este tema de exclusión laboral tenga el suficiente eco mediático para que los poderes que nos joden gobiernan y controlan se acuerden de lo que significa vivir en una democracia real?
