FELGTB y sus entidades lanzan la campaña «Tienen derecho a saber» y recuerdan al Ministerio y Consejerías de Educación que el «PIN parental» aprobado en Murcia y Andalucía es contrario a la legislación vigente en materia de protección del menor.
Últimamente pasan tantas cosas (aunque en el fondo siempre es la misma) que es probable que no te hayas enterado de que dos partidos de esos súper LGTBfriendly que quieren venir siempre al Orgullo LGTB+ y lloran mucho en La Sexta porque no les dejan, el PP y Ciudadanos, han aprobado tanto en Murcia como en Andalucía una medida impuesta por VOX (aquellos que alguno llamaba «partido político peculiar») llamada «PIN parental».
Aunque en las resoluciones que ya han aprobado en Murcia y en Andalucía les gusta retorcer mucho el lenguaje (hablando de «educar a los hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo» o de «preceptos consagrados en la Constitución española«) lo del «PIN parental» no es más que obligar a todos los colegios y centros educativos a solicitar a las familias autorización para que los menores acudan a los cursos contra la LGTBfobia o sobre diversidad sexual. Es decir: los cursos que según la extrema derecha convierten a los niños en mariconeh.
A mí no me mires, que no eres tú a la que ponen a parir cuando dice que es que Ciudadanos siempre ha sido muy amigui de los fachas. Y los fachas siempre han sido fachas ¿eh? Que el trozo de Congreso que le falta al PP lo tienen los de Abascal.
Total, que esto es lo típico de la derecha en España: en junio se ponen la bandera LGTB en el logo de Twitter y se hacen muchas fotos con gente del colectivo y publican vídeos amenazando con ir al Orgullo y prometen aprobar todas las leyes arcoiris y que te vas a poder comprar todos los niños que quieras… Pero a la que pasan las elecciones pactan con los que te consideran un enfermo y, para que no se enfaden, se pasan las leyes LGTBI por ahí abajo mientras agitan mucho la bandera (la que toque) y deciden que está bien que a los chavales y chavalas de este país no se les eduque en la diversidad y en el respeto a los demás. Que eso se tiene que hacer en casa. Porque así sus hijos serán tan homófobos, tan machistas, tan racistas, tan xenófobos y tan todo como sus padres. Heterosexuales cisgénero tal vez no, porque eso no lo pueden decidir. Pero todo lo demás, por supuesto.
Precisamente eso es lo que denuncian FELGTB (que ha decidido volver al activismo tras su corto escarceo con la venta de colchones) y las entidades que la forman, que han puesto en marcha la campaña «Tienen derecho a saber» para recordar al Ministerio de Educación y a las Consejerías Autonómicas que según la legislación actual todos los centros del estado «tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género«. Y es que, como señalan en un comunicado, son muchas las leyes que obligan al Estado a adoptar «medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores«.
¿Qué significa eso? Pues muy fácil: que aquí lo que prima es «el interés del menor», como decía Rocío Monasterio cuando le preguntaban por las adopciones homoparentales. Y justamente eso ya está protegido por (haz una ovación cada vez que leas una): la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud SExual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española y la Convención de los Derechos del Niño. Precisamente pensando en el interés del menor las Consejerías de Educación «tienen, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI«, y también han de proteger a esos menores «de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por la LGTBIfobia«.
Más fácil, arquitecta:
«Solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado, tal y como defiende la ultraderecha, contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.«
Visi González, coordinadora del grupo de Educación de FELGTB, ha explicado que esta acción quiere recordar a los poderes públicas su obligación de «cumplir y defender la legislación actual en materia educativa«, así como anular las cortinas de humo «promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas«. González añade además que «la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o en seguridad vial, también tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género.«
Por eso desde FELGTB y sus entidades le exigen a las Consejerías (sobre todo a las de los murcianos y andaluces entendidos en la materia) que se retiren o se modifiquen las instrucciones del «PIN parental» (nombre que, como bien señalan, genera una falsa sensación de protección a las familias) porque «lejos de garantizar la educación en libertad como promulgan, están privando al alumnado de su derecho a conocer la realidad de la sociedad en la que viven y continúan dejando a la infancia LGTBI desprotegida en las aulas«.
P.D.: Oye, FELGTB: ¿por qué tanto miedo a nombrar a partidos políticos en vuestros comunicados? ¿Por qué decir «la ultraderecha, con el apoyo de otras fuerzas políticas» cuando podéis decir claramente «VOX, con el apoyo de PP y Ciudadanos«? Todos sabemos de quiénes estáis hablando, a estas alturas de la película no nos vamos a asustar.
¿Vosotros sí?
