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Dos sentencias por parte de la Junta Electoral y el Tribunal Supremo conceden a las personas trans el derecho a utilizar su nombre elegido y cambiar su género en documentos oficiales sin necesidad de pasar por una operación, un tratamiento hormonal o solicitar un informe médico.
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Brasil es el país con mayor tasa de violencia contra personas trans en todo el mundo.
La situación del colectivo trans en Brasil es terrorífica. Según las cifras de la ONG ANTRA, en 2017 se contabilizaron 179 asesinatos de personas trans y travestis: un homicidio cada 48 horas. Es el país con mayor ratio de crímenes contra personas trans y travestis. Y lo peor de todo es que la solución no será sencilla y no llegará lo suficientemente rápido.
Pero poco a poco se van dando pasos tanto para proteger a la comunidad trans (y a la comunidad LGTB en general) como para asegurar su pleno reconocimiento social y su igualdad de derechos. Hace unas semanas el Tribunal Superior Electoral votó a favor de permitir que los candidatos y candidatas trans a las elecciones se presenten utilizando el nombre su nombre elegido para que éste aparezca en las papeletas electrónicas de votos. La decisión no es solo importante porque en 2018 Brasil habrá elecciones para elegir presidente/a, gobernadores/as estatales, miembros del senado y del Congreso; sino porque puede suponer un antes y un después en materia de visibilización y representación de las personas trans en la vida política del país.
Pero eso no es todo. El mismo día que la Junta Electoral aprobaba eso el Tribunal Supremo sentenció que las personas tienen derecho a cambiar su nombre y género en los documentos oficiales sin necesidad de someterse a cirugía de reafirmación de género ni a terapias hormonales. Lo que se conoce, básicamente, como el derecho a la autodeterminación del género. Desde 2016 las personas trans en Brasil podían cambiar su nombre «social» en las identificaciones no oficiales como insignias, matrículas escolares y la inscripción al Examen Nacional de la Enseñanza Media y la sentencia del Supremo surge del recurso de una persona trans contra un tribunal de Río Grande do Sul que se negó a autorizar que un notario aceptara su nombre elegido como identificación. Aunque el voto fue unánime hubo un juez, Marco Aurélio (no es broma), que planteó la idea de que hiciera falta una autorización judicial para poder realizar esos cambios; pero fue desestimada al considerarse que si no hacía falta una operación, una terapia hormonal o un informe médico menos falta hacía aún la autorización de un juez.
La sentencia permitirá a todas las personas trans presentarse en cualquier oficina del registro civil del país para cambiar su nombre y su género de forma totalmente libre.
Para Keila Simpson, presidenta de ANTRA (Asociación Nacional de Travestis y Personas Transgénero), se trata de un gran paso adelante en la lucha por los derechos dado que le da voz a asociaciones como la suya. Pero advierte de que hace falta muchísimo más trabajo: «Por ahora solo hemos garantizado un mínimo de ciudadanía para las personas trans con estas dos sentencias, pero aún quedan muchos desafíos por delante. Creemos que incluso aunque el Congreso apruebe una ley que criminalice los actos de violencia contra personas LGTB seguiríamos recibiendo muchas amenazas; porque vivimos en un país en el que se permite matar, en el que el fanatismo religiosa afila su cuchillo cada día para atacar a nuestra comunidad, donde los prejuicios a los que se enfrentan las personas trans empiezan en sus propios hogares. Por eso es importante decir que para una comunidad marginada como la nuestra, que venimos de no tener derechos, de no tener nada, ser capaces de decidir nuestro nombre es mucho; pero aún tenemos que conquistar nuestro derecho a vivir de forma segura.»
Fuente | Washington Blade
