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El Supremo de EE.UU. rechaza escuchar el caso de una mujer lesbiana que fue acosada y despedida de un hospital de Georgia por su orientación sexual.
El pasado mes de marzo Jameka Evans vio cómo tres jueces del circuito de apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. le decía que la discriminación que sufrió mientras trabajaba en el Georgia Regional Hospital por ser lesbiana no era algo ilegal porque, según su interpretación del Código Civil, la orientación sexual no está protegida por las leyes contra la discriminación sexual.
Sí, no tiene sentido ninguno. Porque como explica Greg Nevins, de Lambda Legal, «Mantener tu trabajo no debería depender de si pareces heterosexual o no. No hay forma de dibujar una línea entre la discriminación por orientación sexual y la discriminación en base a la no conformidad de género, porque no ser heterosexual es no conformidad de género. Punto.»
Jameka había denunciado al Hospital porque, según ella, sufrió acoso lesbófobo sistemático durante el tiempo que trabajó allí hasta que finalmente fue despedida por su orientación sexual. Tras la negativa del tribunal de apelaciones Jameka y Lambda Legal solicitaron que el caso se volviera a valorar en julio, pero se les negó la posibilidad y decidieron recurrir al Tribunal Supremo. Y el Supremo se ha negado a valorar el caso.
«Al negarse a escuchar el caso el Tribunal Supremo está retrasando lo inevitable y perpetuando una división en los tribunales que causará confusión por todo el país«, ha explicado Jamika en un comunicado. Y es que el sistema jurídico americano ha dejado la protección de las personas LGTB+ frente a la discriminación en el limbo: mientras algunos juzgados locales y estatales han dejado claro que la protección contra la discriminación sexual que existe en Ley de Derechos Civiles de 1964 sí incluye la orientación sexual y la expresión de género por ahora ningún juzgado federal ha sentenciado lo mismo. Lo que implica, básicamente, que el colectivo lo tiene muy complicado (casi imposible, de hecho) para hacer frente a esta discriminación en los tribunales.
Da la casualidad de que hace unos días el mismo Tribunal Supremo que legalizó de facto el matrimonio igualitario en el país emitió una sentencia que pone en peligro la igualdad legal y de derechos de los matrimonios homosexuales al considerar que las parejas homosexuales de los funcionarios públicos no tienen por qué tener derecho a los mismos beneficios que las parejas heterosexuales. Y el mismo Tribunal acaba de empezar a trabajar en un caso sobre un pastelero homófobo que se negó a hacer una tarta para una boda gay basándose en su «libertad religiosa».
Que a nadie se le olvide, por cierto, que en febrero de 2017 Donald Trump colocó en el Supremo al juez ultra-conservador Neil Gorsuch; que está haciendo todo lo posible por echar para atrás los derechos LGTB+. De hecho la propia Casa Blanca ha mostrado su apoyo al pastelero homófobo porque la administración Trump (que echó para atrás la decisión del Departamento de Justicia bajo mandato de Obama de considerar que la Ley de Derechos Civiles protegía contra discriminación por orientación sexual e identidad de género) está decidida a legalizar la discriminación a personas LGTB+ con la excusa de esa tan manida y absurda «libertad religiosa».
A pesar de eso desde Lambda Legal no tiran la toalla: «Esto no ha sido un ‘no’ sino un ‘aún no’, y estad seguros de que Lambda Legal seguirá luchando, circuito a circuito si es necesario, para establecer que la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación en base a la orientación sexual.»
Fuente | LGBTQ Nation
