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Eugeni Rodríguez, presidente del OCH, denuncia un repunte del 30% en los casos de LGBTIfobia en Cataluña.
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Tras una sesión de control al Govern también acusa a la Generalitat de estar dilatando de forma consciente la creación del régimen sancionador de la ley contra la LGTBIfobia aprobada en 2014.
Continúa el culebrón de la Ley contra la LGBTIfobia catalana (también conocida como la 11/2014) y continúan, cómo no, las criticas a Dolors Bassa, la Consellera d’Afers Socials, Treball y Familia de la Generalitat.
El presidente del OCH, Eugeni Rodríguez ha comparecido frente a la comisión de Igualdad del Parlament de Cataluña y ha denunciado que, según los últimos datos del Observatori, la LGBTIfobia en la región ha aumentado un 30%. Este repunte es consecuente con los datos que ofrecía el Estudio del OCH sobre el Estado de la LGBTIfobia en 2016 y señala que el grupo que más agresiones sufre es el de hombres gais y bisexuales. Dentro de esas agresiones, las más habituales son las que ocurren en espacios públicos, seguidas por el bullying y el discurso de odio.
Rodríguez aprovechó para recordar a los grupos parlamentarios catalanes «la necesidad imperiosa de un reglamento sancionador que actualmente sigue sin existir» y que «la atención a la víctima sea un servicio que se preste de forma absolutamente permanente en todo el territorio«, tarea que por ahora sólo presta el Observatori.
Si la ley contra la LGBTIfobia catalana se conoce como la 11/2014 no es porque sean unos números muy bonitos sino porque ésa fue la fecha en la que se aprobó. Pues como también denunció Rodríguez en los casi 3 años de existencia de la ley sigue sin haberse cerrado ese reglamento sancionador y sigue sin existir un organismo independiente que se encargue de las políticas necesarias para el colectivo. Eso lleva a que en esos casi tres años de los más de 200 casos de LGBTIfobia recibidos por el departamento de políticas LGTBI de la Generalitat sólo se haya impuesto UNA sanción.
Ese régimen sancionador es algo que, según el OCH, todos los grupos políticos excepto Junts Pel Sí (PdeCat y ERC) se han comprometido a desarrollar lo antes posible. De hecho, tras las respuestas que la consellera Dolors Bassa ofreció a las preguntas de la diputada de Ciudadanos Noemí de la Calle y la de la CUP Meria Vehí respecto al tema, Rodríguez está convencido de que «el reglamento sancionador de la Ley 11/2014 se ha dilatado en el tiempo de forma expresa y consciente.»
Tanto De la Calle como Vehí preguntaron a la consellera si la Generalitat tiene pensado desplegar de una vez la 11/2014, qué ha hecho el departamento de Bassa para erradicar la LGBTIfobia en Catalunya y si piensa pedir disculpas al OCH después de los ataques absurdos que la Consellera lanzó contra la organización en redes sociales, recordándole que «más de una veintena de asociaciones LGTBI en Cataluña han firmado un manifiesto a favor de la labor del Observatori«. Por si no sabes por qué se tiene que disculpar Bassa, hace unas semanas desde el OCH condenaron las palabras de la periodista Empar Moliner que comparó ser independentista en España con ser gay en Marruecos, algo que se consideró como una banalización de la homofobia. Bassa salió entonces en defensa de Moliner, acusando al OCH de estar utilizando el caso de forma política (contra el procés independentista) por la única razón de que el responsable de prensa del OCH trabaja con Ciudadanos y restándole importancia al trabajo que realiza la asociación.
Tras la sesión de control Eugeni Rodríguez lamentó que la Consellera Bassa «siga sin disculparse por apoyar manifestación favorables a la banalización del concepto homofobia» y por «haber despreciado y cuestionado en redes sociales la independencia del trabajo que el equipo de voluntarios, técnicos y profesionales del OCH lleva a cabo.» Rodríguez espera que Bassa se disculpe públicamente y se ponga de una vez a trabajar «realmente por el colectivo LGTBI si es cierto que comparte la crítica del OCH sobre la falta de un régimen sancionador.»
Existe un borrador sobre ese régimen sancionador, por cierto, que se presentó en la Generalitat en febrero de este año. Pero Bassa ha dicho que «por cuestiones burocráticas» faltan aún seis meses para la elaboración final del reglamento.
Sí, seis meses más para aprobar un reglamento sancionador de una ley aprobada hace tres años.
