Cuando hace algo más de 10 años el gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero (lo digo porque sé que a alguno le jode, ¿eh, MAROTO?) aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario en España, muchos concejales del PP dijeron que se iban a negar a oficiarlos. El motivo, cómo no, es que iba en contra de su religión y de sus creencias y todo el mundo sabe que a un político se le paga para que exprese en público sus creencias religiosas. Así que ejercían su objeción de conciencia y no casaban a los maricones.
Para que luego venga Kim Davis y se crea que ha inventado algo.
Al principio hubo muchos que se pusieron a quejarse y a hacer mucho ruido pero con el tiempo acabaron casando a las parejas de gays y lesbianas porque es lo que les tocaba. Aunque de vez en cuando sale el típico que no es homófobo porque tienes muchos amigos gays pero se niega a casar a una pareja gay. Como Óscar Ramírez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona que en 2014 se negó a casar a una pareja de lesbianas.
La pareja presentó una queja ante el Síndic de Greuges que dictaminó que la «objeción de conciencia» del concejal constituía «una vulneración de los derechos de los colectivos LGTBI«. Se dice LGTBQWERTY, pero el Síndic aún no lo sabe. Pero bueno, da igual. Le perdonamos. El caso es que desde la llegada de En Comú al Ayuntamiento se creó una concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI; y esa concejalía tiene un Consejo LGTBI (al que no sabemos por qué no nos han invitado todavía…) que ha dicho que el Síndic tiene toda la razón del mundo. Negarse a casar a una pareja constituye una vulneración de nuestros derechos.
Es por ello que la alcaldesa Ada Colau ha decidido que los concejales que no quieran casar a parejas LGTBI… no casarán a ninguna pareja. Y se acabó el problema. Al fin y al cabo los concejales casan a las parejas porque la alcaldesa les delega esa potestad, así que no se la delega y listo. ¡Mira qué fácil!
A todo esto, el ayuntamiento se ha comprometido frente a varias organizaciones LGTBI catalanas como el Front d’Alliberació Gai de Catalunya, Gais Positius, la Asociación de Padres y Madres de Gays, Lesbianas y Transexuales, el Casal Lambda y la Asociación de Familias Lesbianas y Gays a destinar un local de 1.314 metros cuadrados para crear un Centro Municipal de Recursos LGTBI. ¡Y queremos nuestro escritorio! El objetivo principal de este centro municipal es evaluar si se está aplicando la ley contra la LGTBIfòbia que la Generalitat aprobó en la pasada legislatura (la famosa 11/2014 -o la 11/14 para las amigas que aún la están esperando sentadas en un banco comiendo unas pipas-). Nota para el Centro Municipal de Recursos LGTBI de Barcelona: no se está aplicando. Ya podéis dejar de evaluarlo.
La concejal Laura Pérez (la jefa de lo de Ciclo de Vida bla, bla, bla que es un coño escribirlo todo cada dos por tres ¿no había un nombre más corto para la concejalía?) ha dicho que están analizando el trabajo que el gobierno de Trias hizo en cuanto a la 11/14 y formando a los trabajadores municipales para que aprendan a aplicarla.
Fuente | El Diario.es
